Madrid, 17 jul (EFE).- Los medios de comunicación españoles tendrán la obligación de informar de quiénes son sus propietarios y la financiación pública que reciben, según un plan de «regeneración democrática» anunciado este miércoles en el Congreso por el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

También dijo que pondrá en marcha un paquete de ayudas de cien millones de euros (109 millones de dólares) para la digitalización de los medios dentro de ese mismo plan.

Sánchez insistió en que estas medidas han sido apoyadas en el Parlamento Europeo por todas las fuerzas políticas, salvo la extrema derecha, por lo que se trata simplemente de su transposición a la legislación española.

De lo que se tratará, con esos cien millones de euros, es de que los medios puedan desarrollar herramientas que mejoren su productividad y la calidad informativa y para reforzar su ciberseguridad.

Esta cuantía provendrá de los fondos europeos e irán a parar a todos los medios de comunicación que lo necesiten, independientemente de su línea editorial, aseguró.

También confirmó que ese plan de «regeneración» conllevará un reforzamiento de los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía.

Los medios tienen que ser libres y poder desarrollar su propia linea editorial, pero que los ciudadanos también pueden defenderse si se vierten sobre ellos injurias, como reconoce el artículo 20 de la Constitución, argumentó.

Todo ello, «para que haya más independencia y más pluralismo», dijo Sánchez, tras recalcar que las medidas para frenar los bulos y la desinformación persiguen que «no haya medios de comunicación que tengan más financiaciones públicas que lectores».

En este sentido, se refirió a la necesidad de que los ciudadanos conozcan las fuentes de financiación de los medios, los nombres de los accionistas y los datos de audiencia «de forma honesta» para «evitar fraudes en inversión publicitaria».

El líder de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular, PP) lo acusó de amenazar con censurar a los medios y de intentar controlarlos ante las investigaciones por supuesta corrupción que afectan a su esposa, Begoña Gómez, su hermano, David Sánchez, y un supuesto cobro de comisiones ilegales en el suministro de mascarillas a varias administraciones públicas durante la pandemia.

Sánchez se comprometió el 29 de abril pasado a «trabajar sin descanso, con firmeza y serenidad por la regeneración pendiente» de la democracia española y el avance y la consolidación de derechos y de libertades.

El líder socialista español decidió seguir al frente del Ejecutivo después de cinco días de reflexión sobre lo que consideró una campaña de «acoso y derribo» contra él y su esposa, Begoña Gómez, por parte de la oposición parlamentaria de conservadores (PP) y de extrema derecha (Vox) y medios y organizaciones de la derecha y la ultraderecha.

Un juzgado de Madrid investiga desde abril a Begoña Gómez por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras una denuncia del autodenominado ‘sindicato’ Manos Limpias y que la Fiscalía ha pedido archivar. EFE

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