Guayaquil (Ecuador), 7 oct.- Ecuador entró este lunes en su tercera semana de protestas contra el presidente Daniel Noboa por el alza del precio del diésel, en medio de alertas por la posible toma de la capital, Quito, por parte del movimiento indígena, y con el Gobierno que busca bajar la tensión alargando el puente festivo, que ahora irá de jueves a domingo.

Los manifestantes mantienen cerradas nueve carreteras de tres de las veinticuatro provincias, la mayoría en la norteña Imbabura, que ha sido durante estos quince días el epicentro de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que se han saldado con un fallecido, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos.

Sin embargo, Noboa ha reiterado que no va a negociar la medida, ya que considera que el subsidio al diésel no ha ayudado a los más pobres, sino que ha favorecido al contrabando y a la minería ilegal.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, calificó esa postura como «prepotente» y le dijo al mandatario que al movimiento indígena se le iba a «acabar la paciencia».

«Cuidado. La Conaie y sus estructuras está en capacidad de tomar decisiones. Si hay que ir a radicalizar, vamos a radicalizar el paro nacional. Y si tenemos que tomarnos la ciudad de Quito, vamos a tomarnos», aseguró el líder indígena la noche del viernes.

Vargas dijo que el Gobierno tiene que recordar qué fue lo que pasó en 2019 y 2022, cuando las masivas manifestaciones lideradas por la Conaie llegaron hasta Quito, lo que llevó a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Estado de excepción y «de alerta» en Quito

Ante esa amenaza, Noboa declaró el sábado un nuevo estado de excepción en diez provincias del país, entre ellas Pichincha, cuya capital es Quito, que se sumaron a otras dos en la que esta medida ya estaba vigente.

En todas se suspendió el derecho a la libertad de reunión, que implica que durante las veinticuatro horas estará limitada la conformación de aglomeraciones en espacios públicos con el objetivo de paralizar los servicios.

El presidente Noboa respondió el domingo que nadie podía «tomarse por la fuerza la capital» y que a los que elijan la violencia «los espera la ley», y anunció que para «impulsar» la economía se adelantaría el pago del bono navideño a los empleados públicos al 14 de noviembre, dos días antes del referéndum en el que, entre otros temas, se votará sobre la instauración de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución.

También dijo que se reduciría el impuesto al valor agregado (IVA) del 15 % al 8 % durante el puente festivo nacional que alargó días atrás.

Por su parte, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, aseguró que la ciudad no iba a ser «rehén» ni «de errores ajenos ni de ninguna amenaza» y este lunes los concejales se reunieron para exigir al Gobierno que «implemente todas las acciones preventivas posibles» para evitar que se generen actos de violencia en la capital.

Además, instaron a Muñoz a que mantenga «en estado de alerta» a toda la Municipalidad para precautelar las infraestructuras estratégicas de la ciudad ante una posible toma del movimiento indígena.

Investigación por terrorismo

Las declaraciones de Vargas también llegaron este lunes hasta la Fiscalía de la mano del partido de Noboa, Acción Democrática Nacional (ADN), cuyos miembros en la Asamblea Nacional pidieron que se investigue al líder indígena por terrorismo.

«Parece que el señor Marlon Vargas no recuerda lo que pasó en el 2019 y en el 2022, pero los ecuatorianos y los quiteños sí recordamos calles con violencia y edificios incendiados. Todo eso no vamos a permitir que vuelva a pasar», aseguró a la salida del Ministerio Público Mishel Mancheno, jefa parlamentaria de ADN.

En ese mismo sentido, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, dijo en una entrevista que lo que Vargas busca es «sembrar el caos y el terror» y que esperan que con la decisión de alargar el feriado el líder de la Conaie «baje los ánimos», ya que «es una medida que le va a beneficiar a todo el pueblo».