Alcalde señala que Quito puede ser escenario de diálogo ante las protestas sociales
 13 octubre, 2025
Quito, 13 oct.- El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, cuestionó este domingo el despliegue de seguridad en la capital de Ecuador ante las marchas contra el Gobierno por el alza del diésel y otros reclamos, y comentó que la urbe puede ser escenario de un diálogo para solucionar las protestas, que ya llevan 21 días en zonas focalizadas.
Cientos de personas participaron este domingo en marchas en Quito contra el Gobierno, pero fueron dispersadas con gas lacrimógeno por la Policía, en medio de denuncias de represión hacia los manifestantes y mientras que militares apostados en los principales accesos a la ciudad impidieron el ingreso de otros manifestantes.
Muñoz, del movimiento opositor Revolución Ciudadana, liderado por el exjefe de Estado Rafael Correa (2007-2017), subrayó que la Policía y Fuerzas Armadas definieron «un amplio perímetro de cierres viales que restringió el acceso al hipercentro de la ciudad, afectando la movilidad de miles de personas».
«Lo que debería verse como una medida para cuidar la seguridad de todos terminó siendo un terreno en el que se pudo ver un uso excesivo de la fuerza. Esto es reprochable desde cualquier punto de vista», manifestó.
Muñoz enfatizó que la capital del Ecuador no puede convertirse en una ciudad sitiada, y que la paz no se impone con fuerza, sino con soluciones que atiendan las causas del malestar social.
«Equivocadas decisiones del Gobierno Nacional en un momento inadecuado y sin procesamiento previo enfrentan al país. Hoy, es extremadamente duro afectar el bolsillo empobrecido de las familias ecuatorianas. Quito no puede asumir ni pagar las consecuencias de decisiones erróneas», dijo antes de apuntar que Quito «puede ser escenario de un diálogo nacional».
De su lado, el ministro del Interior, John Reimberg, destacó el trabajo de las fuerzas del orden para controlar la seguridad en Quito y denunció que manifestantes usaron pirotecnia con la que intentaron alcanzar un helicóptero oficial que sobrevolaba la ciudad para analizar la situación.
Reimberg dijo que continuarán los trabajos para evitar que manifestantes se tomen la ciudad, como amenazó la semana pasada Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que convocó a un paro con carácter nacional, pero que se ha limitado a protestas esporádicas en unas 6 de las 24 provincias, aunque en la de Imbabura el bloqueo es total.
Mínimos consensos
El alcalde señaló que el diálogo en Quito no debe ocultar ni maquillar la realidad actual, tampoco debe borrar «legítimas diferencias políticas» y debe permitir «reconocer y enmendar errores, y sobre todo, un diálogo que encuentre puntos mínimos en común».
Exhortó por ello al Gobierno y a distintos sectores de la sociedad a establecer un diálogo «que no borre diferencias, pero que sí permita rectificar decisiones y establecer mínimos consensos para beneficio de Ecuador y de quienes más lo necesitan».
El detonante de las protestas fue la eliminación del subsidio al diésel decretada por Noboa el 12 de septiembre, que elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).
Sin embargo, ahora la Conaie exige también la bajada en tres puntos del impuesto al valor agregado (IVA) hasta el 12 %, y ha incluido en la protesta su rechazo a la consulta popular del próximo 16 de noviembre, en la que -por iniciativa de Noboa- se preguntará sobre la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.
La Conaie también pide la liberación de los detenidos en las protestas, entre ellos los conocidos como «los 12 de Otavalo» (Imbabura), que ahora están procesados por terrorismo tras un ataque en esa ciudad a una estación de la Policía, donde quemaron diez vehículos.
El Gobierno, que entrega como ofreció compensaciones e incentivos a los sectores afectados por la eliminación del subsidio al diésel, se niega a revertir su decisión, y tampoco está dispuesto a bajar el IVA, mientras que apunta que el tema de los detenidos es un asunto judicial y no le compete al Ejecutivo.
Hasta el momento hay un indígena fallecido en las protestas, más de un centenar de heridos entre manifestantes y fuerza pública, y 118 detenidos.