Quito, 3 feb (EFE).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, rechazó este lunes el proyecto de ley sobre minería presentado la semana pasada por el presidente Daniel Noboa, al considerar que debilita el control ambiental y pone en riesgo los derechos de las comunidades indígenas.

En un comunicado, la Conaie detalló que la propuesta del Gobierno «prioriza la agilización de inversiones extractivas sin establecer garantías claras y exigibles para la consulta previa, libre e informada» de los pueblos indígenas, un derecho reconocido en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos.

La organización advirtió además que la sustitución de licencias ambientales por autorizaciones simplificadas reducen la consulta «a un procedimiento formal, sin asegurar procesos reales de decisión colectiva ni consentimiento previo».

Asimismo, señaló que la flexibilización de controles ambientales y administrativos, especialmente en el uso del agua, «debilita la capacidad del Estado para prevenir daños irreversibles» y afecta ecosistemas estratégicos como páramos, bosques y ríos, que calificó como «pilares de la soberanía hídrica y alimentaria».

Según la Conaie, que agrupa a los pueblos indígenas del país, la iniciativa legislativa refuerza un modelo de dependencia extractiva que “ha profundizado la desigualdad y la criminalización de la defensa territorial”, sin resolver los problemas estructurales del desarrollo, y podría además aumentar la conflictividad social en los territorios.

Ante este escenario, la Confederación llamó a la unidad de los pueblos y nacionalidades indígenas y exhortó a la bancada de Pachakutik, su brazo político, y a otros asambleístas a rechazar la iniciativa e impulsar «un debate amplio, transparente y participativo que coloque en el centro la vida, los territorios y los derechos colectivos».

El proyecto de ley fue remitido el pasado miércoles a la Asamblea Nacional (Parlamento) para su estudio, con el objetivo de “fortalecer los sectores estratégicos de energía y minería, clave para atraer inversión, generar empleo, sostener la economía y combatir la minería ilegal”, según indicó en su cuenta de X el presidente de la Asamblea, Niels Olsen.

La propuesta, calificada de urgencia en materia económica —lo que obliga al Legislativo a resolverla en menos de un mes—, tiene como objetivo fortalecer la inversión, optimizar los procesos administrativos, mejorar los mecanismos de control, incrementar la seguridad jurídica y promover una explotación técnica, ambientalmente responsable y socialmente sostenible del sector minero.

La Constitución establece que el presidente puede enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgentes en materia económica, pero determina que, “mientras se discuta un proyecto calificado de urgente (…) no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de excepción”, como ocurre en varias provincias de Ecuador afectadas por altos índices de inseguridad.

Algunas de los proyectos de ley propuestos de Noboa que fueron tramitados bajo esta modalidad exprés fueron anulados por la Corte Constitucional al considerar que no estaban debidamente motivados, entre otras razones, lo que llevó a Noboa a enfrentarse contra los jueces de este tribunal.