Ciudad de Guatemala, 13 feb (EFE).- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país centroamericano, avaló este jueves los operativos del Ministerio Público (Fiscalía) realizados en los comicios para la renovación de la misma corte, siempre y cuando no interrumpan las elecciones en curso.

La decisión de la Corte de Constitucionalidad, que se reunió de emergencia esta tarde, ordenó que se mantenga el proceso electoral donde más de 30.000 abogados están autorizados a votar para elegir a un nuevo magistrado de la misma corte para el período 2026-2021.

El dictamen al respecto fue firmado por los magistrados Roberto Molina Barreto, Héctor Pérez Aguilera, Leyla Lemus Arriaga, Claudia Paniagua Pérez y Dina Ochoa Escibá.

El pleno del máximo tribunal guatemalteco se había convocado esta misma tarde de emergencia después de que el Ministerio Público allanó los centros de votación por una presunta denuncia en un caso que está bajo reserva, de acuerdo a la misma Fiscalía.

Los comicios de este jueves definen a uno de los cinco magistrados para el próximo período (2026-2031) de la Corte de Constitucionalidad. Los otros cuatro magistrados serán electos en las próximas semanas por el Congreso guatemalteco, la Corte Suprema de Justicia, la presidencia y la Universidad de San Carlos (estatal).

La elección de los magistrados es trascendental para la lucha contra la corrupción en Guatemala, según han advertido organismos locales, internacionales y el mismo presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León.

El allanamiento del Ministerio Público se registró hoy con un fuerte contingente de seguridad, compuesto por policías y fiscales con armas y gorros pasamontañas, en los dos centros de votaciones establecidos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en la capital del país.

La fiscal a cargo del operativo, Leonor Morales, indicó a periodistas que el caso se encuentra bajo reserva y que tiene como raíz una denuncia recibida la semana pasada, sin brindar más detalles al respecto, a la vez que avisó que las elecciones continuarán su marcha.

Morales es la misma fiscal que intentó tumbar los resultados electorales de los comicios de 2023 que llevaron a la presidencia a Arévalo de León.

La funcionaria no quiso responder a periodistas sobre si había conflicto de intereses, ya que uno de los candidatos de este jueves pertenece al Ministerio Público.

En la primera vuelta, a principios de mes, la elección fue ganada por los abogados Astrid Lemus y Luis Bermejo, opuestos a los intereses del Ministerio Público, según analistas.

Arévalo de León denunció los allanamientos como un «nuevo intento» del Ministerio Público por «socavar instituciones».

Tanto Morales como la cúpula de la Fiscalía se encuentran sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción.