Ciudad de Panamá, 27 mar (EFE).- La presidenta de la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC, por sus siglas en inglés), Laura DiBella, afirmó este jueves que «las represalias de China contra Panamá» por la salida por orden judicial de un conglomerado chino de la operación de dos puertos situados cerca del Canal «están afectando las condiciones del transporte marítimo mundial».

El Supremo de Panamá anuló el pasado 30 de enero la concesión a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado CK Hutchison, con sede en Hong Kong, lo que dio paso a que el Estado panameño tomara el control de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) y entregara la operación transitoria de ambos, por un plazo de hasta 18 meses, a APM Terminals, filial de la danesa Maersk, y a Terminal Investment Limited (TiL), el brazo de terminales de la Mediterranean Shipping Company (MSC), respectivamente.

En el escrito difundido por la FMC, DiBella indicó que «en respuesta» a las acciones panameñas, «el Ministerio de Transporte chino convocó a Maersk y MSC a Pekín para mantener conversaciones de alto nivel», y «la naviera estatal china COSCO suspendió sus servicios en Balboa y desvió sus operaciones».

Señaló además que «China ha intensificado las detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos bajo el pretexto del control del Estado rector del puerto, superando con creces los estándares históricos», unas medidas que «parecen tener como objetivo castigar a Panamá tras la transferencia de los activos portuarios de Hutchison».

«Dado que los buques con bandera panameña transportan una parte significativa del comercio de contenedores de Estados Unidos, estas acciones podrían tener importantes consecuencias comerciales y estratégicas para el transporte marítimo estadounidense», afirmó la presidenta de la FMC.

El registro de buques de Panamá es el mayor del mundo por la cantidad de naves abanderadas, un total de 8.710, que suman 235,6 millones de toneladas de registro bruto, de acuerdo con las autoridades panameñas.

DiBlla agregó que «las acciones de gobiernos extranjeros que detienen, retrasan o impiden de cualquier otro modo el movimiento de buques registrados conforme a la legislación estadounidense, o de buques de otras naciones que comercian con los Estados Unidos, son incompatibles con el mandato de la Comisión de proteger la fiabilidad e integridad de la cadena de suministro global de Estados Unidos».

«La Comisión Marítima Federal está siguiendo de cerca cómo los recientes acontecimientos en torno a las terminales del Canal de Panamá y las represalias de China contra Panamá están afectando las condiciones del transporte marítimo mundial», aseguró DiBella.

El fallo inapelable contra la concesión a PPC, otorgada en 1997 y renovada en 2021, llegó después de años de denuncias contra ese contrato por presunta lesión al Estado, muchas de ellas formalizadas ante los organismos correspondientes pero que no prosperaron, lo que dio paso a acusaciones de corrupción.

También en medio de la presión de EE.UU., que acusó una supuesta influencia de China en el Canal por la presencia de Hutchison en los puertos cercanos, y también de Pekín, que impidió que el conglomerado hongkonés vendiera a un consorcio liderado por el gestor estadounidense de activos BlackRock unas 40 terminales alrededor del mundo, incluidas las panameñas.

La afectación a la soberanía o la falta de equilibrio económico están entre los principales argumentos que sustentan el fallo del Supremo panameño.

PPC y CK Hutchison denuncian la toma «ilegal» de los puertos y han anunciado que ampliaron sus reclamaciones en el arbitraje internacional contra el Estado panameño hasta superar los 2.000 millones de dólares.