Buenos Aires, 20 ago.- El Gobierno de Argentina dio este martes varios pasos formales hacia la privatización de empresas en sectores como la electricidad, la minería y la distribución de agua, un proceso cuya concreción figura entre las metas comprometidas ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Mediante diversos decretos y resoluciones publicados este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno del ultraliberal Javier Milei instruyó distintas acciones con el objeto de que cuatro centrales hidroeléctricas, la principal mina de carbón del país y la mayor distribuidora de agua por redes queden en manos privadas.

Por un lado, el Ejecutivo dispuso que en un plazo de sesenta días se llame a licitación para volver a entregar en concesión por treinta años la operación de las denominadas represas de la región del Comahue, situadas en las provincias de Río Negro (sur) y Neuquén (suroeste) y que generan el 7,8 % del total de la oferta de energía eléctrica del país suramericano.

Este conjunto de represas lo integran las centrales de Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados.

Las concesiones de estas cuatro centrales, otorgadas en 1993, vencieron en agosto de 2023 y desde entonces el Gobierno argentino las ha prorrogado en forma provisional, con el fin de preparar el llamado a licitación.

El Gobierno ha manifestado que espera obtener ingresos de entre 400 y 500 millones de dólares a través del otorgamiento de las nuevas concesiones.

Este martes, el Ejecutivo de Milei también dispuso que Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), con sede en la sureña provincia de Santa Cruz, sea transformada en una sociedad anónima con miras a su privatización.

Los activos de la empresa carbonífera -valorados en unos 260 millones de dólares, según medios locales- incluyen la mina, un complejo ferroportuario y una central termoeléctrica.

YCRT fue incluida en la lista de empresas a privatizar contempladas en la ley de ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’, una norma de amplio alcance sobre desregulación de la economía y ajuste en el Estado, aprobada por el Congreso en junio de 2024.

Sin embargo, esta norma establece que, en el caso de YCRT, el Estado nacional debe conservar una participación mayoritaria si decide abrir el capital a inversores privados.

No es el caso de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), también incluida en la ‘ley bases’ pero en la que el Gobierno puede avanzar para desprenderse de su participación accionaria del 90 %.

Para concretar este paso, el Ejecutivo dispuso este martes que en un plazo de ocho meses se concrete la venta por licitación de al menos el 51 % de las acciones del Estado en Aysa a un «operador estratégico» y, si quedan acciones remanentes, sean ofertadas luego en el mercado bursátil.

Con 3,8 millones de usuarios en la capital argentina y su cordón urbano, Aysa es la mayor distribuidora de agua por redes del país, con un patrimonio neto que a finales de 2024 ascendía a 8,5 billones de pesos (6.512 millones de dólares).

Más empresas bajo la ‘ola privatizadora’

Otras seis empresas fueron incluidas en la ‘ley bases’ con vistas a su privatización total o parcial: las empresas de energía Nucleoeléctrica Argentina (Nasa) y Energía Argentina (Enarsa), Corredores Viales (red de carreteras), Intercargo (servicios aeroportuarios) y las ferroviarias Belgrano Cargas y Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse).

En todos los casos ya se han dado pasos formales de cara a la privatización, pero en ninguno se ha concretado aún el traspaso a capitales privados.

El Gobierno de Milei, que mantiene una severa política de ajuste fiscal y reducción del peso del Estado, tiene en la mira otras grandes empresas cuya privatización prometió impulsar, como el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

Compromiso ante el FMI

Más allá de las políticas de ajuste de la Administración Milei, las privatizaciones constituyen un compromiso asumido por Argentina al firmar en abril pasado un nuevo programa de facilidades extendidas con el FMI.

El acuerdo, con desembolsos totales por 20.000 millones de dólares, establece desafiantes metas de acumulación de reservas monetarias para el país suramericano y una de las fuentes de ingresos previstas son, precisamente, las privatizaciones.

El informe técnico del FMI correspondiente a la primera revisión del acuerdo y difundido a inicios de este mes afirma que a futuro la acumulación de reservas «se verá respaldada», entre otras acciones, «por la privatización y la venta de activos y concesiones».

El acuerdo establece que, para mediados de noviembre próximo, Argentina debe presentar al FMI una ‘hoja de ruta’ para las privatizaciones de las empresas incluidas en la ‘ley bases’.