São Paulo, 21 jul (EFE).- El plan de crédito agrícola recién lanzado por el Gobierno brasileño contiene brechas que permiten financiar de forma ventajosa a granjeros con infracciones ambientales, de acuerdo con ONG y expertos consultados por EFE.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció este mes nuevas líneas de crédito con tasas de interés subsidiadas por más de 500.000 millones de reales (unos 93.000 millones de dólares), uno de los mayores valores en la historia del programa.

Rodeado de ministros y legisladores, Lula destacó durante la ceremonia de lanzamiento que el «gran éxito» en un país que es uno de los mayores productores agrícolas del planeta era producir más con menos terreno y, de esa forma, ayudar a preservar la naturaleza.

En los últimos años, aún con la resistencia del sector agropecuario, las autoridades han endurecido las restricciones para evitar que los créditos a esta actividad, principal causante de deforestación en Brasil, financien la tala ilegal.

Por ejemplo, los bancos están obligados a verificar si sobre una propiedad pesa un embargo o suspensión por haber deforestado ilegalmente, según un manual del Consejo Monetario Nacional, organismo formado por los ministros de Economía y de Presupuesto y por el presidente del Banco Central.

Pese a los avances impulsados por el Gobierno de Lula, organizaciones ambientalistas señalan que estos no son suficientes y que todavía existen brechas que posibilitan la financiación de infractores.

Un reciente análisis de Greenpeace mostró que los bancos han prestado dinero en los últimos años a 748 granjas con embargos por deforestación, muchas de ellas en la Amazonía, lo que apunta a una falla en la aplicación de las normas por parte de los bancos.

Por otro lado, no supone una restricción el tener multas ambientales no vinculadas a la deforestación, como las impuestas por el uso irregular de productos químicos o el daño a la fauna, según la ONG.

«A veces, un propietario puede recibir una multa y no ser embargado, lo que le permitiría obtener un crédito», dice a EFE Thais Bannwart, portavoz de Greenpeace.

La economista Leila Harfuch, socia de la consultora especializada Agroicone, afirma que esto se debe a que hay una “falta de información pública” sobre multas, que pueden ser impuestas por regiones, municipios y entes federales.

«Si hubiese una base de datos única sería posible que los bancos verificaran, pero por ahora no la hay», apunta a EFE.

Los «límites» del Gobierno

El actual sistema permite, además, que un agricultor que haya sufrido un embargo por deforestación ilegal en una propiedad reciba un crédito subsidiado por otra propiedad sobre la que no pesan suspensiones.

En ese sentido, las ONG piden que los bancos se fijen en las infracciones de todas las granjas del mismo dueño, no solo en las de aquella que recibiría el crédito.

Sin embargo, incluso si hubiese una regla de este tipo, Harfuch apunta a formas de esquivarla: «Una misma familia o empresa puede tener tres o cuatro números de identificación diferentes o puede pasar la propiedad a algún hijo… No es sencillo”.

El Ministerio de Medio Ambiente afirma en respuesta a preguntas de EFE que las actuales medidas representan el «límite normativo y operacional posible» en este momento.

«Nuevas reglas demandan una evaluación técnica rigurosa y análisis de viabilidad, considerando que las instituciones financieras dependen de los datos disponibles en los sistemas oficiales», señala.

La patronal Confederación de Agricultura y Pecuaria, por su parte, ha criticado algunas de las restricciones ambientales como «obstáculos regulatorios» que «van más allá» de lo exigido por la ley.

Por el contrario, Bannwart, de Greenpeace, insiste en la necesidad de cambiar la financiación del actual modelo productivo agrícola.

«Mientras el plan de crédito fomente ese tipo de agricultura de exportación se va a seguir financiando el problema», afirma.