Guayaquil (Ecuador), 11 mar (EFE).- La Corte Constitucional de Ecuador declaró este martes que los cuatro menores afrodescendientes detenidos por militares en 2024, y posteriormente asesinados, fueron víctimas de desaparición forzada, por lo que ordenó al Estado que reconozca su responsabilidad y emita disculpas públicas por el hecho, entre otras medidas de reparación.

El alto tribunal emitió esta decisión al aceptar una acción extraordinaria de protección presentada por los padres y madres de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, quienes junto a sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, fueron detenidos de manera irregular en la noche del 8 de diciembre de 2024 por dos patrullas militares en los exteriores de un centro comercial del sur de Guayaquil, cerca del barrio Las Malvinas, donde ellos vivían.

Posteriormente, los soldados los trasladaron hacia Taura, un pueblo ubicado a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea, donde los golpearon y torturaron, los obligaron a desnudarse y los abandonaron.

Los restos calcinados de los menores fueron encontrados varios días después en una zona de manglar cercana y la autopsia determinó la existencia de impactos de bala en, al menos, tres de las víctimas.

El pasado 22 de diciembre, un tribunal penal declaró culpables a dieciséis de diecisiete militares procesados.

Once de los soldados fueron condenados a 34 años y ocho meses de prisión; otros cinco a treinta meses, por haber colaborado con la investigación; y un teniente coronel que estaba imputado como cómplice fue absuelto de los cargos.

Sin embargo, en diciembre de 2024 una jueza aceptó un hábeas corpus interpuesto por las familias de los menores y declaró su desaparición forzada, así como la vulneración de sus derechos a la vida, a la integridad personal, al interés superior del niño, a la supervivencia, entre otros.

La decisión fue apelada por el Gobierno y un tribunal la revocó meses después, por lo que los familiares acudieron a la Corte Constitucional.

En la sentencia publicada este martes, los jueces determinaron que las autoridades judiciales vulneraron el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, «al no analizar de manera integral la detención denunciada ni responder a las pretensiones relevantes planteadas por los accionantes», por lo que dejaron sin efecto ese fallo.

Además, concluyeron que los niños fueron privados de la libertad de forma ilegal, arbitraria e ilegítima por patrullas militares y que el Estado no proporcionó información inmediata, satisfactoria ni convincente sobre su aprehensión ni sobre su paradero.

La Corte recordó que, en contextos de seguridad o de estados de excepción, como los que rigen en algunas zonas de Ecuador desde 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró un ‘conflicto armado interno’ contra las bandas criminales, «los derechos a la vida y a la integridad personal no pueden suspenderse», por lo que «las actuaciones de los agentes estatales deben desarrollarse con estricto respeto a la Constitución».

Los jueces ordenaron que el comandante de la Fuerza Aérea emita unas disculpas públicas en un plazo de dos meses, que el Ministerio de Educación incorpore en el Museo de la Memoria un espacio para visibilizar este caso.

De igual forma que declare al 8 de diciembre como día en memoria de los menores, que se hagan reformas a protocolos internos y leyes y que el Ministerio de Defensa indemnice a los padres de cada uno de los menores, entre otras medidas.