Bruselas, 18 jul (EFE).- España criticó este viernes que el aumento del gasto en seguridad y defensa propuesto por la Comisión Europea para el presupuesto del periodo 2028-2034 se consiga a expensas de la financiación para otros fines como la cohesión territorial o las ayudas de la Política Agraria Común.

«Creemos que el importante aumento del presupuesto para seguridad y defensa que venimos defendiendo no debería lograrse a expensas de la financiación de otros bienes públicos europeos que son igual de importantes, como la triple transición verde, digital y social, las interconexiones energéticas e infraestructuras; o el gasto en cuestión socioterritorial», dijo el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro.

El político español trasladó esta postura durante el primer debate entre los ministros de los Veintisiete sobre la propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2028-2034, que prevé congelar el presupuesto comunitario – sin tener en cuenta el pago de la deuda – en unos 2 billones de euros y recortar los fondos destinados a las grandes políticas europeas tradicionales: la Política Agraria Común y la de Cohesión.

Sobre estas dos partidas, Sampedro afirmó que en la propuesta «quedan desvirtuados tanto el apoyo al desarrollo rural como a las regiones menos desarrolladas, con un enorme coste territorial y político que ello puede conllevar».

En concreto, según las cifras publicadas este viernes por el Ejecutivo comunitario, la asignación para España de estas dos partidas para los siete años se situaría en 79.900 millones de euros, un 20 % menos que en el periodo presupuestario actual.

España está asimismo «preocupada» por el modelo de ejecución de los nuevos planes nacionales-regionales en que se propone estructurar el próximo MFP, un sistema que emula al del fondo de recuperación poscovid, en concreto por las cuestiones relativas a la «cofinanciación y certificación, condicionalidad y cumplimiento de hitos y objetivos».

«Es excesivamente complejo, todo lo contrario a lo esperado en un ejercicio en el que pretendíamos simplificar el marco presupuestario», dijo Sampedro.

En general, España considera que el nivel de ambición de la propuesta de la Comisión Europea «no está a la altura de los retos que afronta la Unión», aunque ve aspectos positivos como el aumento de la dotación para ciencia, innovación y desarrollo tecnológico o el refuerzo de la acción exterior, explicó el secretario de Estado.

El Gobierno ve además una «oportunidad perdida» para generar un mayor margen fiscal para los Estados a través de la refinanciación de la deuda emitida para el fondo de recuperación Next Generation, algo que España había propuesto para aliviar la carga de la devolución de la deuda que comenzará a partir de 2027.

«Si bien celebramos que la Comisión prevea la emisión de más deuda conjunta, vemos también que las cantidades previstas en este momento son relativamente bajas y destinadas únicamente a préstamos (…). Estos son compromisos difíciles de aceptar», dijo Sampedro.

Por otro lado, España está preocupada por que los nuevos recursos propios planteados por Bruselas «no son en realidad tan nuevos ni genuinos», sino que se trata de «impuestos nacionales que ya existen, lo que puede suponer preocupantes aumentos de contribuciones nacionales y dificultar las negociaciones».

Sampedro se refirió así a la propuesta para obtener nuevos ingresos, entre otras fuentes, de una parte de los impuestos especiales que los Estados recaudan sobre el tabaco, de un nuevo impuesto a los residuos electrónicos no recogidos o de una contribución de las grandes empresas de la UE a las arcas comunitarias.

En todo caso, subrayó que España trabajará «de forma constructiva» durante las largas negociaciones de las cuentas.