Lima, 28 oct.- Un juez peruano decidió apartarse, por «dudas sobre su imparcialidad», de la orden de emitir un pronunciamiento sobre la situación legal de la líder política Keiko Fujimori, después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara que se archive la investigación que se le sigue por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.

Medios locales informaron este lunes que la decisión fue tomada por el juez Wilson Verastegui, de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional que debía emitir una decisión final sobre el llamado ‘caso cócteles’.

Verastegui aseguró que tomó esta decisión luego de que el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ lo vinculara con el líder político y empresario César Acuña, quien al igual que Fujimori figura entre los precandidatos a las elecciones presidenciales peruanas del próximo año.

En su resolución, que fue reseñada por medios como la emisora RPP y el diario El Comercio, el magistrado negó «enfáticamente» que tenga «una gran amistad» con Acuña, pero admitió que su padre sí fue amigo del político.

Agregó, en ese sentido, que el hecho de conocer a Acuña «podría generar dudas respecto a la imparcialidad que puedan perjudicar el normal desarrollo del proceso».

«Por lo que, a fin de garantizar pronunciamientos sin dudas de parcialidad, consideramos que resulta exigible mi apartamiento», sostuvo antes de señalar que la Segunda Sala Penal de Apelaciones deberá proceder «conforme a sus atribuciones» y emitir «una decisión final al respecto».

La situación jurídica de Fujimori

La defensa de Fujimori solicitó la semana pasada a la Justicia de Perú el «archivo definitivo» del proceso por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales, luego de la resolución que emitió el TC.

El Constitucional ordenó dejar «sin efecto» la acusación fiscal contra Fujimori y su partido, Fuerza Popular, tras considerar que el proceso por la presunta financiación irregular de sus campañas «carece de sustento jurídico».

En ese sentido, ordenó al Poder Judicial que resuelva «dentro del más breve término y teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en la presente sentencia, la situación jurídica de doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi».

«No se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación carente de sustento jurídico y claramente opuesta a lo establecido en la Constitución», precisó.

Tras conocerse la medida, Fujimori celebró la sentencia y anunció que pronto informará si participa en las próximas elecciones, mientras que el jefe del equipo fiscal que investiga el caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela, afirmó que el fallo ha establecido un «precedente nefasto» y es «un «golpe al sistema de administración de Justicia».

El llamado ‘caso cócteles’ se abrió contra Fujimori y otros dirigentes del partido Fuerza Popular por la presunta financiación irregular de sus campañas con dinero de empresas privadas, como la brasileña Odebrecht y varios conglomerados económicos peruanos.