Bogotá, 29 oct.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó este martes al Ministerio de Minas y Energía comprar directamente el oro que se produce en diferentes regiones del país, una función que actualmente está en cabeza del Banco de la República (Emisor).

«He ordenado al Ministerio de Minas que compre las empresas de oro de la SAE (Sociedad de Activos Especiales, que administra los bienes incautados al narcotráfico y al crimen organizado) e inicie de inmediato la compra de oro en las regiones productoras de Colombia, titular masivamente a pequeños mineros y sacar las mafias del oro», escribió Petro en su cuenta de X.

En ese contexto, Petro criticó al Emisor: «Que el Banco de la República haya vendido el oro colombiano y no esté comprando el oro en las regiones es un gran descalabro financiero».

Y es que, según varias agencias internacionales de mercado de metales, el precio del oro llegó en los últimos días a niveles históricos, más de 4.300 dólares la onza.

Este tope se explica por la crisis arancelaria entre Estados Unidos y China, aunque en lo que va de esta semana el precio del metal precioso comenzó a bajar ante la inminencia de un acuerdo comercial entre las dos potencias.

Este martes, la onza de oro se cotizó a 3.974,66 dólares, según cifras del Ministerio de Minas, que en un comunicado dijo hoy que a partir del mes entrante comenzará a comprar directamente el oro que se produce en diferentes regiones del país.

Beneficiar a pequeños mineros

«Atendiendo la instrucción del presidente se implementará a partir de noviembre la compra directa de oro en las regiones productoras del país», aseguró el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

El 80 % de las 70 toneladas que se comercializan cada año por un valor superior a los 4.000 millones de dólares proviene de explotaciones informales o ilegales, dejando pérdidas en regalías por aproximadamente cinco billones de pesos (unos 1.285 millones de dólares).

Palma lamentó que el Congreso no haya aprobado el proyecto de ley que proponía crear Ecominerales, la empresa estatal que se encargaría de regular el mercado de minerales preciosos para combatir la ilegalidad y aumentar ingresos a la nación.

«Quizá a pocos les interese eso, y algunos se aprovechen de mantener ese mercado en las actuales condiciones. Insistiremos», añadió.

Sin embargo, Palma dijo que en articulación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la SAE, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Agencia Nacional de Minería, y otras agencias del Estado realizan gestiones para beneficiar a los pequeños mineros.

«Las empresas de oro en proceso de extinción de dominio se pondrán al servicio de cooperativas y asociaciones de pequeños mineros y mineras, dándoles un alto valor social a estos activos que alguna vez estuvieron en operaciones ilícitas», expresó Palma.

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, esta disposición beneficia a 7.400 mineros organizados en cooperativas, pero deberá extenderse a unos 350.000 mineros informales y de subsistencia.