Quito, 20 mar (EFE).- Ocho relatores especiales de Naciones Unidas (ONU) firmaron una carta dirigida al Gobierno de Ecuador en la que cuestionaron, entre otras cosas, la designación de organizaciones criminales como «grupos terroristas» y advirtieron que esta clasificación podría utilizarse «para justificar medidas ilegales», como las restricciones de derechos humanos y la utilización ilícita de la fuerza.

Por ello, recordaron que el «terrorismo» y la «delincuencia organizada” son fenómenos distintos, regidos por marcos jurídicos diferenciados, «que no deben confundirse ni aplicarse de forma intercambiable».

Así lo confirmó en la red social X Ben Saul, relator especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo de la ONU, quien también añadió la carta firmada por otros siete relatores.

«Me sumo a los expertos de la ONU al expresar preocupación por los derechos humanos en torno a la definición de terrorismo y de delitos de terrorismo en Ecuador, la ley de inteligencia, los estados de excepción, la designación de cárteles como «terroristas» y la declaración de conflicto armado contra grupos de delincuencia organizada», compartió en la red social.

Los expertos pusieron en duda la calificación de «conflicto armado interno» en el país, al considerar que no se cumplen los criterios exigidos por el derecho internacional en cuanto a intensidad de la violencia y grado de organización de los grupos.

Este término fue declarado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a principios de 2024 para elevar la lucha contra el crimen organizado, de manera que también pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos «terroristas» y emitió una serie de estados de excepción con acciones como la militarización de las cárceles controladas por las estructuras criminales.

En el escrito también se cuestionó la Ley de Inteligencia, impulsada por Noboa a mediados de 2025, al advertir que incorpora conceptos «vagos y excesivamente amplios» que no cumplen con los «requisitos de legalidad, certeza y previsibilidad», y señalaron que permite operaciones como la vigilancia o infiltración sin autorización judicial.

Los relatores solicitaron además al Gobierno ecuatoriano información detallada sobre estas medidas y recordaron que ya habían expresado previamente su preocupación por estos asuntos.

No obstante, «el Gobierno de su Excelencia no ha respondido a dichas comunicaciones, y le exhortamos a responderlas a la brevedad», concluyeron.