Ciudad de México, 20 nov.- El Senado mexicano aprobó este miércoles, con cambios, el proyecto de decreto para expedir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, un delito que afecta la seguridad de la sociedad mexicana en los últimos años.

Además, modificó otros cinco ordenamientos para uniformar, homologar y armonizar las definiciones de ese delito, las conductas agravantes, las conductas vinculadas, las sanciones, los estándares y protocolos para su investigación.

La aprobación en lo general se dio por unanimidad de 110 votos a favor y el dictamen modifica el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la delincuencia organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En lo particular, el Senado avaló el documento con 95 votos a favor y 12 en contra, mientras que las reservas aceptadas son precisiones en la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión; la primera en los artículos 3, 33 y 41, para incluir la perspectiva de género al momento de atender a las víctimas de extorsión.

Y la segunda modifica el artículo 17, para precisar que se aumentarán las penas por extorsión cuando se empleen dispositivos, medios, servicios o plataformas a través de los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, datos y sonidos.

También información de cualquier naturaleza que se efectúe a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, sistemas electromagnéticos o cualquier otro medio electrónico.

Tras la discusión y votación, la mesa directiva del Senado instruyó su devolución a la Cámara de Diputados para continuar su procedimiento legislativo.

«La extorsión es una lacra que afecta las actividades económicas de comunidades completas, y especialmente vulnera la tranquilidad de las familias», dijo en la discusión Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.

«Su expansión se ha potenciado con el uso de tecnologías de la comunicación y en la corrupción que ha permitido que las cárceles y centros penitenciarios se hayan convertido en centros de operación de este delito», advirtió.

Entre otros puntos, el proyecto ordena que las fiscalías cuenten con unidades, policías, analistas y ministerios públicos capacitados, evaluados, certificados y especializados en la investigación del delito de extorsión.

Además, señala que el umbral de la pena por la comisión por este delito aumenta en un rango de 15 a 25 años, a diferencia de los seis a 15 años propuestos.

También indica que se aplicará pena de 10 a 20 años de cárcel a los servidores públicos con atribuciones que se abstengan de denunciar ante el Ministerio Público los delitos de extorsión.

Además, protege de las víctimas, ofendidos o testigos de delitos de extorsión, por lo que las autoridades deberán adoptar medidas protectoras a lo largo de todas las etapas del procedimiento.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de 2024 se acumularon 10.804 víctimas de extorsión.

La iniciativa fue enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el 20 de octubre pasado, con el fin de unificar en todo el país el citado delito.

Actualmente, la extorsión se sanciona de manera distinta en cada estado del país, lo que, según el Ejecutivo, ha dificultado su persecución y propiciado la impunidad.

La reforma busca que la Federación tenga competencia para definir las modalidades de la extorsión —como la telefónica, digital, presencial o mediante amenazas— y establecer penas mínimas y máximas comunes, así como protocolos de actuación para las fiscalías y policías en todo el país.