Lima, 28 feb (EFE).- El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador desestimó la demanda presentada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra tres integrantes del colectivo ambientalista Yasunidos, promotor del histórico referéndum celebrado en 2023 en Ecuador para desmantelar un bloque de extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní, situado en la Amazonía ecuatoriana.

El CNE había solicitado multas de hasta 35.000 dólares para los tres activistas denunciados, además de la pérdida de derechos políticos durante cuatro años para cada uno de ellos al argumentar que el colectivo había participado activamente en la campaña, además de ser el promotor de la misma.

En un comunicado difundido en redes sociales, Yasunidos celebró «que se haga justicia, con la convicción firme de la importancia de defender el Yasuní, los derechos de la naturaleza y la democracia, hoy celebramos que se haga justicia».

«Hemos vivido diversos procesos de persecución política y judicial en contra de nuestras y nuestros integrantes a lo largo de más de doce años», dijo el grupo al recordar la década en la que tuvieron que librar una batalla judicial con las instituciones electorales para lograr que se celebrase la votación, luego de haber reunido las firmas necesarias.

«Esperamos que el CNE se abstenga de apelar para que esta sentencia quede ratificada por las instancias correspondientes de la justicia electoral. Solo así se podrá dar un cierre definitivo a un proceso, a todas luces, arbitrario y absurdo», apuntó.

Yasunidos señaló también que, actualmente el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, «incumple flagrantemente el mandato popular del Yasuní» al considerar que el desmantelamiento del Bloque 43-ITT, compuesto por los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha, tenía que haberse dado en 2024, un año después de la proclamación de los resultados.

«No nos dentendremos hasta que se cumpla la voluntad popular y que quienes impidieron su cumplimiento sean sancionados», concluyó.

En esta consulta popular, pionera en el mundo en democracia ambiental por poner al voto de la población la continuidad de una explotación petrolera, el 58,91 % de los ecuatorianos votó a favor del desmantelamiento del Bloque 43-ITT, que estaba operando desde 2016 tras una inversión estatal de unos 2.000 millones de dólares.

En ese momento, producía unos 55.000 barriles de crudo por día, el 11 % de la producción nacional de petróleo, lo que suponía ingresos para el Estado por valor de unos 1.200 millones de dólares al año, y registraba reservas valoradas en más de 13.000 millones de dólares para los siguientes veinte años.

Desde el Gobierno se inició un retiro progresivo con un plan de largo plazo a cinco años, en el que se comenzaron a cerrar pozos de manera paulatina, pese a que el dictamen de la Corte Constitucional que dio paso a celebración del plebiscito señalaba que el desmantelamiento de las instalaciones petroleras debía hacerse en un año, tiempo que las autoridades ecuatorianas consideraron imprudente si se quería hacer el proceso de forma segura.